Opinión Control Político

19/07/2018

A romperle el espinazo a la desigualdad

Este nuevo periodo legislativo que inicia mañana nos plantea un recurrente desafío que nunca hemos sido capaces de asumir: derrotar la desigualdad. No se trata de un reto menor. Colombia es el segundo país más desigual de América Latina después de Haití y es el séptimo en todo el mundo. Y si bien el coeficiente de Gini (0,517) demuestra que hemos mejorado en los últimos años, esto no ha sucedido a un ritmo acelerado.

Esta situación se refleja en hechos insólitos que afectan las dinámicas socioeconómicas de la población. Según el IGAC, la desigualdad en la tenencia de predios rurales del país indica que cerca del 95% de la tierra le pertenece al 25% de los propietarios en el campo. Además de eso, el 50% más pobre de la población accede a solo el 13% de la riqueza, mientras que el 1% más acaudalado puede concentrar hasta el 20% de la misma; de cada 100 pesos que hay en la economía, solo 33 llegan a los que trabajan y rebuscan; y, el crecimiento económico solo beneficia a las empresas más grandes, mientras que casi tres millones de personas no tienen empleo, un millón de niños pasan hambre y un millón de adultos viven su vejez en la miseria.

Por otro lado, si bien el 85% de los trabajadores formales ganan menos de dos salarios mínimos al mes, la brecha entre hombres y mujeres es aún más profunda, siendo que el 60% de las mujeres ocupadas lo hacen de manera informal y ganan, en promedio, 22% menos que un hombre igualmente capacitado.

Ahora bien, en materia de educación, solo el 48% de los niños de 3 años y el 75% de los niños de 4 años están matriculados en educación para la primera infancia. Además, solo dos tercios de los niños de 5 años son matriculados en el grado de transición antes de iniciar la escuela primaria, aunque esta sea obligatoria; y los niveles de educación media-superior registran las tasas de cobertura neta más bajas y preocupantes.

Así que llegó la hora de que nuestro trabajo legislativo dé una respuesta real y efectiva a las necesidades de los colombianos. Merecemos un país más justo, en donde una vida digna no sea un privilegio y donde el Congreso no solo defienda los intereses de quienes pagaron las campañas.

Y no solo se trata de la desigualdad económica. También debemos tomar medidas en términos sociales y de derechos, porque no es posible que en nuestro país sigan existiendo colombianos de primera y de segunda categoría.

Legislar en favor de las madres cabeza de hogar, los discapacitados, las víctimas del conflicto, los pensionados y la comunidad LGBTI –por mencionar algunos– debe ser una prioridad para garantizar la defensa de los derechos de todos los ciudadanos.

¿Por qué no pensar, por ejemplo, en devolverle a los trabajadores el reconocimiento por las horas extras a partir de las 6 de la tarde; que las mujeres mayores de 57 años y hombres mayores de 62 que no alcancen a cumplir con los requisitos de ley puedan accedar a una pensión de –al menos– medio salario mínimo mensual; que los empleadores no continúen abusando de los contratos de prestación de servicios para evadir sus obligaciones laborales; que la drogadicción sea tratada como un problema de salud pública y que exista una política pública para su tratamiento; y que para acceder a los créditos del ICETEX no se necesiten fiadores, se elimine el cobro de intereses moratorios y que únicamente se pague cuando se consiga empleo?

Estas son el tipo de reformas de las que debería encargarse el nuevo Congreso. Ya basta de representantes que solo trabajan para proteger a los sectores económicos que financiaron sus campañas. Y también basta de ciudadanos que no les exijan a los congresistas por quienes votaron alguna legislación que beneficie a los colombianos. ¡Llegó la hora de romperle el espinazo a la desigualdad!

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